
Por primera vez una administración colombiana y la guerrilla convergen en la necesidad de una reforma rural integral
Por Susadny González Rodríguez
Después de registrar tantas veces el rostro de la muerte, secuela de la disputa que desangra a la nación, el acuerdo del Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC proyecta una luz al final de un túnel que dispone de otros cinco puntos hasta el distendido puerto de la paz. Paradas que precisan tiempo -a juzgar por los seis meses y nueve ciclos requeridos para “estrechar manos”-, diplomacia, y un clima favorable, ahora ensombrecido por las élites en el poder.
Por primera vez una administración colombiana y la guerrilla convergen en la necesidad de una reforma rural integral que permita la transformación radical del campo con equidad y democracia. El programa “busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado”, además de la delimitación de la frontera agrícola y el combate contra la pobreza. Pero cuidado: una sensible omisión ya dispara las alarmas del desacuerdo: el latifundio, germen fundamental de los enfrentamientos. Discrepancia comprensible pues, según un informe de Desarrollo Humano, el 52 por ciento de la gran propiedad pertenece al 1,15 por ciento de la población, mientras el resto solo disfruta pequeñas posesiones.






