Por Susadny González Rodríguez
Un auténtico Chernobyl de la Amazonía, así catalogó el presidente Rafael Correa, el calamitoso panorama de muerte y deterioro ecológico que legó la multinacional Chevron a las comunidades originarias, tras casi 30 años de usufructo.
Enfocada en enjugar su imagen, la petrolera norteamericana diseña una estrategia para “evadir responsabilidades e intentar endosar su condena al Estado ecuatoriano y a sus ciudadanos”, según denunció el canciller Ricardo Patiño en el marco de la Asamblea General de la ONU. Todo con el objetivo de “desconocer un millonario fallo judicial por contaminación ambiental”.
La transnacional fue condenada a pagar 19 mil millones de dólares como indemnización por la huella funesta que su filial Texaco estampó en la región entre 1964 y 1992. La demanda, sustentada por tres mil indígenas y colonos, sacó a la luz la desidia: “entre 18 mil millones de galones de residuos petroleros y productos químicos venenosos se vertieron en los ríos que se conectan al Amazonia”. Sin embargo, en una treta para eludir el escándalo, ahora pretende transferir la culpa a la estatal PetroEcuador, que según sostiene el mandatario nunca tocó estos pozos”.